Habrá un nuevo Estado en México.

La creación de un nuevo estado dentro de la República Mexicana es un tema que, aunque parece propio de los libros de historia del siglo XIX, renace periódicamente en el debate público local y nacional. Uno de los proyectos más consolidados e históricamente persistentes es la propuesta para conformar el Estado de La Laguna, una hipotética trigésima tercera entidad federativa que buscaría unificar formalmente la Comarca Lagunera, una región geográficamente continua pero administrativamente dividida entre Coahuila y Durango.

El origen de esta iniciativa radica en la sólida identidad regional que comparten los habitantes de municipios como Torreón, San Pedro y Matamoros por el lado de Coahuila, junto con Gómez Palacio y Ciudad Lerdo por el lado de Durango. A pesar de la frontera estatal que los separa, estas comunidades comparten profundas raíces históricas, dinámicas económicas interdependientes, expresiones culturales homogéneas y problemáticas sociales comunes, como el abastecimiento y la gestión sostenible del agua. Para muchos laguneros, la pertenencia a sus respectivos estados actuales responde más a una delimitación burocrática del pasado que a la realidad cotidiana en la que viven e interactúan.

Uno de los principales argumentos a favor de la provincialización o estatus de estado para La Laguna es la autonomía económica. La Comarca Lagunera es una de las cuencas agrícolas, ganaderas e industriales más productivas de todo México, destacando por su producción láctea, metalúrgica y manufacturera. Quienes defienden la propuesta argumentan que una cantidad sustancial de los impuestos generados en la zona se envía a las capitales provinciales, Saltillo y la ciudad de Durango, situadas a cientos de kilómetros de distancia. Según esta postura, el centralismo estatal provoca un rezago en la reinversión de infraestructura local y una desconexión en la toma de decisiones políticas y presupuestarias.

A lo largo de los años, diversas asociaciones civiles y ciudadanos independientes han formalizado solicitudes e impulsado iniciativas parlamentarias. Movimientos como el Comité Promotor del Estado de La Laguna han acudido en distintas décadas ante la Cámara de Diputados y el Senado de la República para presentar proyectos de ley, e incluso se han dirigido cartas a distintos presidentes del país con el fin de iniciar el proceso constitucional correspondiente.

No obstante, el camino jurídico y político para crear un nuevo estado en México es sumamente complejo. El Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece requisitos muy estrictos para la formación de nuevas entidades: se requiere la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes en ambas cámaras del Congreso de la Unión, la ratificación de la mayoría de las legislaturas de los estados y la anuencia explícita de los congresos de las entidades afectadas, en este caso, Coahuila y Durango.

En la práctica, las cúpulas políticas de ambos estados se han opuesto históricamente a la cesión de un territorio clave para su economía global. Aunque la viabilidad legislativa inmediata es baja, la propuesta del Estado de La Laguna sigue viva como un manifiesto de descentralización y orgullo regional.